Proyecto de Declaración ante la propuesta de crear una

Legislación en materia de Justicia Juvenil Argentina.

Mesa de Trabajo de la UNLP.

ABSTRAC

La iniciativa gubernamental impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la Nación, para elaborar un proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil que derogue la Ley 22.278/80 de la última dictadura cívico-militar, nos compromete como Universidad Pública a generar un espacio que complejice el análisis y ponga en diálogo las diferentes experiencias que se vienen desarrollando con relación al tema, a través de la docencia, la investigación y la extensión.

Inicialmente consideramos fundamental reconocer que la respuesta punitiva del Estado por sí sola, es ineficaz para resolver los conflictos sociales, más aún cuando se encuentran involucrados niños/as y jóvenes con derechos vulnerados, tal como lo respaldan suficientes investigaciones. Es decir, lejos de producir resocialización e integración social, los dispositivos del sistema penal -que implican privación de la libertad por períodos prolongados,- profundizan trayectorias vulnerables y devienen regresivos respecto del reconocimiento y ampliación de derechos. Lo antes mencionado se agrava aún más si se considera el funcionamiento inadecuado que frecuentemente se observa en esos dispositivos, y que en absoluto se condicen con una seguridad democrática que brinde un trato respetuoso a los sujetos. 

Es prioritario reconocer también que amplias mayorías de niños/as viven cotidianamente situaciones de violencia y vulneración de derechos, producidas por la falta de políticas y programas estatales que contribuyan a garantizarlos. Sin embargo, datos publicados por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de la Buenos Aires, indican que en el año 2015, menos del 4% de los delitos investigados por fiscalía involucraron a adolescentes menores de 18 años (3,59%).1 No obstante, estas situaciones exigen una reflexión interdisciplinaria argumentada, que permita abordarlas integralmente en su dramaticidad, y desde los interrogantes que las mismas producen, sin instrumentar respuestas pragmáticas que naturalicen las condiciones contextuales y la producción de determinadas legalidades. 
En tal sentido, entendemos que el debate debe reconocer por un lado, la insuficiente implementación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, dirigidas a niños/as y jóvenes afectados desde temprana edad por múltiples vulneraciones, siendo muchos de ellos quienes ingresan al sistema penal. Y por otro, la tensión que atraviesa el proceso de construir un Sistema de Justicia Juvenil, sin reproducir ni reforzar el paternalismo del Estado, pero reconociendo su ineludible responsabilidad, visibilizando las transformaciones en los vínculos parentales, familiares, institucionales y comunitarios, que obligan a no simplificar los análisis y a pensar que tanto los problemas como las posibles respuestas deben ser abordados en su complejidad y en el marco de una sociedad democrática. Esta realidad a su vez demanda la conformación de equipos técnicos capacitados de manera pertinente, y dotados de las herramientas conceptuales y metodológicas, y de los recursos necesarios para mejorar las intervenciones y construir respuestas alternativas a lo punitivo. 
En este sentido la mesa de trabajo coincide en expresar las siguientes consideraciones acerca de: 
a) la importancia de reconocer que la discusión por bajar la edad de imputabilidad no puede ser el eje central de la reformulación de la legislación de responsabilidad penal juvenil, en la medida en que ello diluye la responsabilidad de los/as adultos/as respecto del cuidado, la protección y el acompañamiento de los/as niños/as.
b) la necesidad de valorizar los conocimientos y argumentos sólidos que desde la Universidad se han producido con relación al tema, despejando prejuicios y precisando un diagnóstico normativo y empírico respecto de los problemas que afectan a nuestros/as niños/as y jóvenes en conflicto con la ley, así como de las respuestas institucionales que procuran resolver los mismos. 
c) la relevancia de fortalecer desde la Universidad Pública, estrategias de formación que propicien un análisis crítico y un abordaje interdisciplinario del tema, dando cuenta de las condiciones contextuales de posibilidad para una implementación efectiva del Paradigma de Promoción y Protección Integral de Derechos, reflexionando sobre ciertos mitos y reconociendo la existencia de problemas que afectan a grupos de niños/as vulnerabilizados/as. 
d) la importancia de pensar estrategias que problematicen el funcionamiento de las instituciones y dispositivos del sistema, la responsabilidad de los/as adultos/as y la constitución de niños/as como sujetos de cuidado, evitando la discrecionalidad en la intervención del Estado. 
e) la improcedencia de analizar los problemas desde la urgencia, la emergencia y la mediatización, inscribiendo la problemática en el marco del tratamiento mediático de la “inseguridad pública,” lo cual impide trabajar desde un posicionamiento ético, la escucha y la responsabilización de los sujetos involucrados. O dicho en otros términos, la urgencia sesga la posibilidad de analizar el problema interpelando el imaginario social, y trascendiendo los casos que revisten relevancia mediática; pues al estar condicionada por presiones vinculadas a escenarios electorales, reduce la reflexión a criterios de conveniencia que imposibilitan debatir y construir con rigurosidad los consensos adecuados.
f) la necesidad de profundizar la deconstrucción de sentidos hegemónicos que tienden a estigmatizar a los y las jóvenes y a determinados actores sociales como responsables del delito, y de promover un abordaje respetuoso, justo y plural de los entramados sociales, políticos, culturales y económicos en los que se condensan las situaciones que colocan a los y las jóvenes en conflicto con la ley.
g) la importancia de disponer de programas de justicia restaurativa y el cumplimiento efectivo por parte del Estado de las medidas socioeducativas en cumplimiento de sus obligaciones.
h) la relevancia de generar mecanismos de participación de los y las jóvenes en el debate que procura modificar la legislación en materia de responsabilidad penal juvenil. 
Por todo lo expuesto este equipo de trabajo sugiere al Honorable Consejo Superior declarar de interés institucional el espacio de intercambio académico generado desde la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad, a fin de producir algunas reflexiones en torno al tema, que interpelen y sean recreadas en la formación de los distintos campos disciplinares.
Asimismo, propone que se reconozca la importancia de avanzar en un debate legislativo para crear una legislación de Justicia Juvenil que supere la legislación vigente, heredada de la última dictadura cívico-militar, manteniendo la edad de punibilidad vigente como expresión de no regresividad de derechos. Y en tal sentido, plantea la necesidad de precisar las medidas e instituciones jurídicas que garantizarían el “plus de derechos” que los y las jóvenes deben tener en el proceso.

La Plata, 26 de abril de 2017.

Declaración de la Mesa de trabajo integrada por:

Prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP: Verónica Cruz, Prosecretaria, Emilia Preux, Directora de
Promoción y Protección Integral de Derechos.
Instituto de los Derechos del Niño –FCJyS: Ernesto Domenech, Director.
Instituto de Cultura Jurídica – FCJyS: Analía Consolo
Secretaría de Extensión, FCJyS: Carola Bianco Coord. Progr “Niñez, Políticas Públicas y Derechos Humanos”
Secretaría de Extensión de la FaHCE: Jerónimo Pinedo, Secretario; Paula Talamonti, Proyecto Niñez.
Docentes investigadoras de la FaHCE: Angela Oyhandy y Alicia Villa.
Facultad de Trabajo Social, Área de Derechos Humanos: Analia Chilliemi, Coordinadora. Silvina Rivas,
docente e investigadora de la FTS; Tomas Bover, integrante del Equipo de Referencia en Niñez de la FTS.
Laboratorio “Jóvenes, Medios y Comunicación,” de la FPyCS: Daiana Bruzzone, docente investigadora;
Nancy Olivera, docente investigadora; Sol Logroño, docente investigadora.
Dirección de Inclusión Académica – Prosec. de Asuntos Académicos de la UNLP: Moira Severino.
Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventudes - Consejo Social UNLP Juan Manuel Santillán.
Facultad de Psicología: Juan Carlos Domínguez Lostalo, docente investigador.

1 Este porcentaje se mantiene estable desde 2009. De ese total, el 7,13% correspondió a robo agravado con uso de arma; el 3,88% a delitos contra la integridad sexual; y el 1,1% a homicidios, con una leve baja entre el periodo 2013- 2015 (más de la mitad en grado de tentativa). https://www.mpba.gov.ar/estadisticas.html

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